Entre 40 y 50 billones de pesos anuales es el cálculo que hace el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, sobre el saqueo de los corruptos a los presupuestos de la Nación, departamento y municipios.

La afirmación la hizo en desarrollo de la presentación de un estudio sobre los resultados y el futuro del Sistema General de Participaciones (SGP), principal herramienta para la financiación de servicios sociales a cargo del Estado colombiano, en la Universidad de los Andes.

A su juicio, existe debilidad institucional, ausencia de capital humano calificado, baja competitividad y aislamiento geográfico de los municipios, lo que genera todo tipo de situaciones irregulares.

“En la ejecución de los recursos se ha olvidado el propósito primordial para el que se estableció el SGP. Existen brechas significativas entre las regiones, propiciando un patrón de desarrollo altamente desbalanceado e inequitativo”, expresó el jefe del ente fiscal.

Recordó que la reforma al SGP buscó garantizar la prestación y la ampliación de coberturas, con énfasis en la población pobre, a efectos de transferir recursos, adecuadamente, a los entes territoriales para atender servicios esenciales de educación, salud, agua potable, entre otros.

Fue precisamente durante una auditoría a los recursos del SGP en el departamento de Córdoba cuando se descubrieron los alcances del denominado ‘Cartel de la Hemofilia’.

En este sentido se detectó que se hicieron pagos irregulares por más de $50 mil millones, a través de la Gobernación, incluyendo la cancelación de ‘servicios’ para 117 supuestos ‘enfermos’.

“Lo irónico en el departamento de Córdoba es que, en 2016, bajo la administración de un Gobernador diferente al primer autor, se hicieron nuevamente pagos irregulares por más de $1.500 millones de pesos, por los mismos conceptos que ya se habían evidenciado, y que de manera inédita dimos a conocer al país”, afirmó el Contralor.

“En Sucre fue también, con recursos del SGP, que se diseñó la estructura criminal que dio origen al llamado ‘Cartel de los Enfermos Mentales’”, expresó el funcionario.

Anunció que toda vez que allí se crearon IPS’s de papel para desfalcar los recursos del Sistema, ha solicitado expresamente al Fiscal General de la Nación, la acreditación probatoria de las maniobras fraudulentas y delictivas usadas para estructurar el desfalco, y proceder así a obtener el levantamiento del velo corporativo de las sociedades IPS’s involucradas, que fueron utilizadas como fachada para adueñarse de los recursos del SGP.

“Es decir, las acciones de la Contraloría en este caso no se limitarán a la responsabilidad de los funcionarios implicados, sino que la colaboración con el Fiscal General de la Nación y con el Procurador, nos permitirá perseguir de manera directa el patrimonio individual de los accionistas y administradores de dichas IPS’s, que incurrieron en maniobras fraudulentas y que dieron origen al daño patrimonial a los recursos de la salud”, explicó Maya Villazón.

Anticipó que en el mes de noviembre se conocerá el resultado de nuevas auditorías en tres IPS, relacionadas con pagos por más de $3 mil millones por supuestos pacientes con ‘enfermedades mentales’.

En el caso del Programa de Alimentación Escolar (PAE) indicó que sólo durante 2016 contó con recursos por más de 1,7 billones de pesos. “Pudimos evidenciar cómo la falta de coordinación”, advirtió.

La Contraloría actualmente adelanta nuevas auditorías al Programa de Alimentación Escolar (PAE), cuyos resultados se estarán dando a conocer próximamente al país.

En el departamento del Magdalena, por ejemplo, la Contraloría ha evidenciado nuevamente irregularidades en el proceso de selección de los contratistas, violando el deber de selección objetiva, así como graves demoras en la contratación que el año pasado. Sólo en el Magdalena, llevaron a que se dejaran de entregar más de 2 millones 300 mil raciones de alimentos.

“Igualmente estamos adelantando una Auditoría de Cumplimiento a los recursos del SGP ejecutados por el Distrito de Cartagena, y dentro de las próximas semanas daremos a conocer los resultados con relación al Programa de Alimentación Escolar, cuyas 2 últimas contrataciones superaron los $32 mil millones de pesos”, agregó el Contralor y precisó al respecto lo siguiente:

- Para el año 2016, el PAE en Cartagena presentó una cobertura sólo del 58%, sustancialmente menor a la cobertura de otros entes territoriales como el departamento del Chocó, que atendió el 88%, y la ciudad de Montería, que tuvo una cobertura de casi el 80%.

- El Distrito de Cartagena no ejecutó el Programa desde el primer día del calendario escolar, lo que afectó a la población estudiantil. Pese a lo anterior, en el mes de Abril de 2016, el Alcalde, que hoy se encuentra bajo medida de aseguramiento, declaró una urgencia manifiesta para poder celebrar de manera directa la contratación del PAE, situación que fue aprobada, muy a pesar de su evidente ilegalidad e irregularidad, por la Contralora Distrital de Cartagena.

Otro caso para ilustrar estos desmanes presupuestales, concretó, “son los 20 Juegos Deportivos Nacionales de Ibagué, gran desfalco”.